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Se presentará una Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española en reunión mantenida esta tarde en la sede del Ministerio que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, Catalá les ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

De esta forma, se fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia jurídica gratuita. En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se

pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado.

En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a dudas interpretativas sobre sus efectos fiscales que desaparecerán como consecuencia de esta proposición normativa. Las administraciones públicas competentes seguirán financiando con cargo a sus dotaciones presupuestarias la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores como hasta ahora.

Esta norma tendrá efecto desde el 1 de enero de este año y para aclarar cualquier duda interpretativa, el Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para que el IVA no se haga efectivo durante el periodo transitorio hasta la aprobación de la misma.

Fuente: Ministerio de Justicia

Dinero "Offshore"

“Hace algunos años, mi tío, Pedro Hernández Álvarez, ya fallecido, y que fue director de Operaciones y Divisas del Banco Hispano Americano de Londres, escribió en la década de los 80 del pasado siglo, el artículo que adjunto que, por su originalidad y actualidad, estimo sería conveniente transcribir en nuestro habitual espacio “Aquí, Titulados Mercantiles y Empresariales”

Son palabras de Carlos Hernández Reyes, destacado asesor fiscal,  licenciado en  Administración y Dirección de Empresas y miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife(Cotime). Y el citado artículo dice lo que sigue:

Actualmente existe un triple punto de vista para saber cuantos años debemos guardar la documentación contable de la empresa. Además hay destacar, que al hablar de documentación contable, no nos referimos exclusivamente a las facturas, es importante también conservar los soportes informáticos de la contabilidad, datos y programas, así como cualquier documento con transcendencia fiscal o mercantil, recibos, contratos (al margen de que estos estén en vigor o no), extractos bancarios, etc.

Según establece el Código de Comercio, y a los efectos mercantiles, la documentación debe conservarse durante 6 años a partir del ultimo apunte contable realizado del ejercicio en cuestión. El cese del empresario en el ejercicio de su actividad no le exime de esta obligación, y en caso de fallecimiento, sus herederos deberán cumplir con este plazo de conservación.

La resolución del TEAC de 12 de enero de 2017 (00/2959/2016) estima el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, fijando el siguiente criterio:

Las rentas procedentes de la actividad de visado desarrollada por los Colegios Profesionales no están exentas del Impuesto sobre Sociedades al constituir dicha actividad una explotación económica.

Para alcanzar dicha conclusión, el TEAC se basa en que conforme a lo dispuesto en el régimen de entidades parcialmente exentas del TRLIS, las rentas obtenidas por los Colegios Profesionales derivadas de la realización de una explotación económica no gozan de exención, aún cuando constituyan su objeto social o finalidad específica. Por contra, no se integran en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, por no proceder del desarrollo de una explotación económica, las rentas que puedan derivar de actividades como el seguimiento del régimen de incompatibilidades legales, el mantenimiento actualizado de registros de profesionales, la representación de la profesión ante los poderes públicos o el ejercicio de la potestad disciplinaria.

La LIS 27/2014 recoge expresamente la exclusión de la exención en caso de actividades económicas en su artículo 110.1.a). La resolución se puede consultar en la base de datos de doctrina del TEAC:

1 | Aportar a Planes de Pensiones

Aportaciones:
En general tienen un límite del 8.000 € anuales.

Consejo:
Al haberse eliminado la reducción del 40% no son muy aconsejables fiscalmente ya que lo único que harán es diferir el impuesto, pero pueden ser atractivos para contribuyentes de rentas altas, próximos a la jubilación o ya jubilados ya que pueden seguir aportando a planes de pensiones una vez llegada la jubilación (la contingencia) y con ello aprovecharse de una deducción fiscal, aunque como inconveniente ya no podrá disponer de ese capital aportado. Además, se pueden destinar esas aportaciones (directamente como si se tratase de un seguro siendo la nueva contingencia el fallecimiento) a sus herederos legales o incluso a otras personas sin tener que pasar por el trámite del impuesto de sucesiones al asimilarse su tratamiento a rendimientos del trabajo.

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