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Con la publicación del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE en adelante RGPD se abre una nueva etapa en la protección de datos personales en las empresas.

Este reglamento, que entrará en vigor el 25/05/2017, viene con la intención de reformar completamente el panorama de la protección de datos personales. Pretendiendo introducirse como parte de la cultura empresarial desde el inicio de las actividades o en la creación de nuevos proyectos de servicios/productos con los nuevos principios de privacidad por defectos o desde el diseño.

Veamos las características a mi entender mas reseñables de la nueva norma marco:

  • Al ser un reglamento y no una directiva entra en vigor directamente sin tener que transponerse a la legislación española intentando armonizar esta regulación en toda la UE.
  • Es una ley de corte anglosajón que deja muchas de las medidas a tomar sin regular trasladándole al sujeto pasivo la carga de la prueba. Como pasa por ejemplo en la rendición de cuentas (Accountability) o en las medidas técnicas y organizativas de seguridad a tomar (que debe decidir cada empresa por si misma, autoregulandose).
  • Trata de actualizar conceptos que la tecnología ha traído y que en materia de protección de datos las antiguas normas habían quedado obsoletas (elaboración de perfiles, datos de geolocalización, datos genéticos, datos biométricos, identificadores en línea).
  • Aumenta el régimen sancionador para incrementar el carácter disuasorio, pensada sobre todo en las grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, a las que en muchos casos les resultaba más rentable pagar las multas y saltarse la normativa. Ahora puede llegar la sanción al 4% de facturación anual o 20 millones de euros.

Desde el punto eminentemente práctico a los despachos profesionales les afectará en dos vertientes, primero como responsable de sus propios ficheros de datos personales (clientes y empleados) y por otro lado como encargado del tratamiento de datos de nuestros clientes.

En la primera vertiente nos obligará a reformar los formularios de toma de datos de los nuevos clientes o potenciales clientes incluyendo la base de legitimación y una acción clara del consentimiento (al eliminarse el consentimiento tácito en el nuevo RGPD). Así cómo modificar los contratos con proveedores y encargados del tratamiento y todos los textos (coletillas legales) que se usan hasta ahora para cumplir con el deber de información en correos electrónicos, pagina web, étc.

En la segunda vertiente tendremos que actualizar los contratos con nuestros clientes en los que actuamos como encargados del tratamiento modificando las cláusulas anteriores de LOPD a los nuevos requisitos que impone el RGPD.

Otras novedades muy importantes del nuevo reglamento como el Delegado de Protección de Datos (DPO o DPO en inglés)o las Evaluaciones del Impacto en la protección de datos (EIPD o PIA en inglés) serán medidas que salvo sorpresas de última hora apenas afectarán a nuestros despachos.

¡Por fin llegó!
El pasado miércoles 25 de octubre ha sido publicada en el BOE la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Una ley esperada como agua de mayo, y de la que se espera que sea el principio de una mayor regulación de la materia.

Una de las grandes peticiones de nuestra sociedad durante los últimos años ha sido la reformulación del complejo, y desfavorable en muchos casos, entramado de la regulación del trabajo autónomo. En nuestro país hay más de 3 millones de trabajadores autónomos, y el año pasado generaron más del 25% del nuevo empleo. Conforman por lo tanto, un importante sector de nuestra economía y nuestra sociedad.
Desde hace años, y más con el comienzo de la crisis, los autónomos no han dejado de pedir una condiciones más justas para su gremio. Estas peticiones se han visto escuchadas en cierta medida durante este año.
El gobierno y una parte de la oposición han negociado sobre una reforma de la regulación y por lo tanto de las condiciones de este sector. Mucho se había escrito al respecto pero hasta ahora no se había publicado en ningún boletín. Nos disponemos ahora a describir los puntos clave de esta reforma del trabajo autónomo:

La afiliación y hasta tres altas en el año tendrán efecto desde el día efectivo de alta. Y exactamente lo mismo con hasta tres bajas en el año. Es decir, no tendremos que pagar el mes entero si no hemos sido autónomos el mes entero.
La famosa tarifa plana de 50€ de la que se venían favoreciendo hasta ahora los autónomos durante 6 meses será ampliada hasta los 12 meses. Además, se podrán acoger a esta reducción de la cuota los autónomos que reincorporen al régimen especial después de 2 años, en lugar de 5 como venía siendo hasta ahora.

Subvención del Programa de Bonos de Innovación 2018 (Innobonos)

Les informamos de la nueva convocatoria de la Subvención del Programa de Bonos de Innovación 2018 (INNOBONOS), del 1 al 30 de Septiembre de 2017.

Aquí les mostramos un video explicativo sobre esta Subvención del Programa de Bonos de Innovación 2018 (INNOBONOS): http://www.youtube.com/watch?v=ZEajlfHCbsU

Se presentará una Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española en reunión mantenida esta tarde en la sede del Ministerio que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, Catalá les ha trasladado la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

De esta forma, se fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia jurídica gratuita. En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se

pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado.

En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a dudas interpretativas sobre sus efectos fiscales que desaparecerán como consecuencia de esta proposición normativa. Las administraciones públicas competentes seguirán financiando con cargo a sus dotaciones presupuestarias la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores como hasta ahora.

Esta norma tendrá efecto desde el 1 de enero de este año y para aclarar cualquier duda interpretativa, el Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para que el IVA no se haga efectivo durante el periodo transitorio hasta la aprobación de la misma.

Fuente: Ministerio de Justicia

Dinero "Offshore"

“Hace algunos años, mi tío, Pedro Hernández Álvarez, ya fallecido, y que fue director de Operaciones y Divisas del Banco Hispano Americano de Londres, escribió en la década de los 80 del pasado siglo, el artículo que adjunto que, por su originalidad y actualidad, estimo sería conveniente transcribir en nuestro habitual espacio “Aquí, Titulados Mercantiles y Empresariales”

Son palabras de Carlos Hernández Reyes, destacado asesor fiscal,  licenciado en  Administración y Dirección de Empresas y miembro de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Tenerife(Cotime). Y el citado artículo dice lo que sigue:

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